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En los procesos electorales, la incorrecta inscripción de testigos, observadores y auditores de sistema, el desconocimiento de los plazos y la falta de control en la información pueden generar riesgos de suplantación, doble acreditación, fallas en la vigilancia electoral y vulneraciones al cumplimiento normativo.
Ante este escenario, el CNE identificó la necesidad de acercar la institucionalidad electoral a los territorios, garantizando que los partidos cuenten con orientación técnica oportuna para ejercer su rol de control y veeduría de manera legítima.