José Luis Bohórquez López cuestiona al presidente por anuncios de recursos para salud en Boyacá

Representante a la Cámara dice que las inversiones presentadas en visita a Tunja, ya habían sido financiadas por el gobierno Petro.

Política

12 de noviembre

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Una nueva controversia política sacude a Boyacá tras las declaraciones del representante a la Cámara José Luis Bohórquez, quien cuestionó los anuncios de inversión realizados por Abelardo de la Espriella durante su visita al departamento. Según el congresista, los recursos presentados como nuevos compromisos para el sector salud ya habían sido asignados durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Bohórquez sostuvo que los $25.681 millones anunciados para la Unidad Materno Infantil del Hospital Universitario San Rafael de Tunja ya contaban con respaldo presupuestal mediante una resolución firmada por el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el Gobierno Petro.

El congresista también hizo referencia a los $2.200 millones destinados al Hospital de Miraflores y aseguró que estos recursos quedaron respaldados mediante una resolución fechada el 5 de agosto de 2026, dos días antes del inicio del nuevo Gobierno, según su exposición.

Con estos documentos en mano, Bohórquez cuestionó que se presenten como nuevos aportes inversiones que, según afirma, ya habían sido gestionadas y asignadas por la administración anterior.

La controversia adquiere mayor relevancia cuando se pone la mirada sobre la Clínica Materno Infantil María Josefa Canelones de Tunja, un proyecto que ya acumularía inversiones cercanas a los $70.000 millones y que, pese a los recursos comprometidos, continúa sin terminarse y sin entrar en funcionamiento.

La situación plantea preguntas de fondo: ¿cuál ha sido la inversión total en esta infraestructura?, ¿qué recursos fueron efectivamente asignados y cuáles han sido desembolsados?, ¿por qué una obra de semejante importancia para la salud de los boyacenses sigue sin prestar servicios?

Más allá del enfrentamiento político, los gobiernos nacional y departamental tienen la responsabilidad de entregar explicaciones claras a la ciudadanía sobre el estado financiero, administrativo y contractual del proyecto.