Presupuesto de Boyacá para el año 2027 tendrá un crecimiento del 11% respecto a 2026.

Cifra pasará de un $1 billón 964.195 millones a $2 billones 170.508 millones, reflejando un incremento en los recursos proyectados para el departamento.

Política

13 de octubre

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El presupuesto del departamento de Boyacá para la vigencia fiscal de 2027 ascenderá a $2 billones 227.934 millones, de acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno Departamental ante la Asamblea de Boyacá.

La iniciativa fue expuesta durante la sesión plenaria de la corporación por Raúl Alfonso Tarazona Duarte, asesor financiero del despacho del gobernador Carlos Amaya, quien explicó ante los diputados la estructura y las proyecciones económicas que sustentan el proyecto de presupuesto para el próximo año.

Del monto total proyectado, $2 billones 170.508 millones corresponden a la Administración Central, mientras que $57.425 millones están destinados a los establecimientos públicos del departamento. Estos recursos hacen parte de una propuesta que contempla los ingresos, gastos e inversión de la administración departamental.

Durante su presentación, el asesor financiero señaló que la elaboración del presupuesto se realizó teniendo en cuenta la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el Departamento Administrativo de Planeación, además de las disposiciones relacionadas con endeudamiento, funcionamiento y el Sistema General de Participaciones.

Tarazona Duarte destacó que el presupuesto de la Administración Central presenta un crecimiento cercano al 11 % frente al aprobado para la vigencia anterior. Según la exposición, este componente pasó de aproximadamente $1 billón 964.195 millones a $2 billones 170.508 millones, reflejando un incremento en los recursos proyectados para el departamento.

El funcionario también explicó que dentro del presupuesto general se contemplan los establecimientos públicos departamentales, mientras que las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas sociales del Estado tienen un tratamiento presupuestal independiente, razón por la cual sus recursos no están incluidos en la cifra sometida a consideración de la Asamblea.